El sábado 13 de julio del presente año en el
Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano salió publicado la
Resolución Directoral N° 001-2013-EF/64.03 emitido el 09 de julio de 2013 por
la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del
Ministerio de Economía y Finanzas, dando a conocer “los montos estimados de
recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al Año Fiscal 2014 para los titulares de los pliegos respectivos”.
La norma sorprendentemente reduce los recursos a
transferir a los gobiernos locales del país el año fiscal 2014, en el caso de
las Municipalidades de la provincia de Yauyos, éstas percibirían de un 5% a 9%
menos recursos en lo que corresponde a canon minero, mientras que en lo que
corresponde a regalías mineras se reduciría hasta en un significativo 40%.
Asimismo se nota la reducción de presupuesto en lo que a Fondo de Compensación
Municipal (Foncomun) respecta.
La reacción de las autoridades y organizaciones municipalistas
no se ha hecho esperar, puesto que este tipo de disposiciones no ayudan a la
descentralización del país ni a la gobernabilidad de las municipalidades, que
en muchos casos han comprometido sus recursos a través de los presupuestos
participativos, conforme a los lineamientos del Ministerio de Economía y
Finanzas y el instructivo del Presupuesto Participativo.
Todo parece indicar que existe una clara
intención de retornar a un gobierno centralista, y que en lugar de cumplir con lineamientos de política de
inclusión social, a través de funciones y actividades compartidas con los
gobiernos locales, por su cercanía y mayor conocimiento de las problemáticas de
su población, ésta se restringiría solamente a los programas que impulsa el
gobierno de Humala Tasso o a los elevados presupuestos que en los últimos años
vienen administrando los ministerios.
Asimismo nuestros legisladores parecen no darle
importancia al proyecto que promueve otorgarle un mayor presupuesto a los
municipios rurales, o la redistribución equitativa de los recursos entre las
municipalidades del país, evitando así el privilegiado presupuesto que disponen
municipalidades con jurisdicciones de exploraciones mineras o gasíferas.
También
es cierto, que existe un mal manejo de los recursos por parte de algunas malas
autoridades municipales, sin embargo creemos que no es la mejor solución el
recortarles el presupuesto, sino más bien fortalecer los mecanismos de
fiscalización y control de parte del Estado y organismos competentes.
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