La Jefa de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, recomendó a los alcaldes provinciales de Yauyos, Cañete, Cajatambo, Huaura, Huarochirí, Barranca y Pativilca, adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la integridad de los pobladores que se ven afectados por las intensas lluvias, así como implementar un sistema de alerta temprana que permita prever posibles daños futuros.
La funcionaria informó que, desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo fomenta “Mesas Permanentes de Trabajo Interinstitucional sobre Prevención de Desastres Naturales”, con la participación de diversas autoridades locales, regionales y nacionales, en las cuales se ha adoptado una serie de acuerdos respecto de acciones preventivas para evitar desastres en las zonas de alto riesgo.
Asimismo recordó que, el pasado 18 de febrero, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 013-2012-PCM, mediante el cual se declara en emergencia a las referidas provincias del departamento de Lima por un plazo de sesenta (60) días, a partir del 19 de febrero, con la finalidad de que las autoridades dispongan las acciones pertinentes para garantizar la atención durante la emergencia, así como la rehabilitación de las zonas afectadas.
En ese contexto, Eliana Revollar recomendó que en el marco de los acuerdos pactados durante las Mesas de Trabajo y de la reciente promulgación del Decreto Supremo, las autoridades ediles desarrollen estrategias en coordinación con los sectores públicos y privados, así como con la comunidad en general, con vistas a implementar un sistema de alerta temprana que permita la prevención de futuros daños personales y materiales por este tipo de fenómenos naturales.
“Las intensas lluvias que han caído en siete provincias del departamento de Lima, han originado desbordes de los ríos, inundaciones y huaycos que han bloqueado las carreteras exponiendo a la población al peligro. Invocamos a los alcaldes a realizar su máximo esfuerzo, a fin de reducir los daños en la población, así como a trabajar en un sistema que permita prevenir perjuicios futuros”, subrayó la representante de la Defensoría del Pueblo.
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