Pedro
Morales Mansilla (pmm_wanka@yahoo.es)
No es
secreto. Los programas de inversiones (infraestructura educativa, de
transportes y agraria; saneamiento básico, etc.) mayormente son operados por
tecnócratas sobrevivientes a los gobiernos, que utilizan su experiencia para
mañas en contra de una trasparente asignación de recursos, con lo que
frenan inversiones e invitan a corruptelas.
Los
proyectos de inversión no son atendidos en meses hasta en años; si la
autoridad, alcalde principalmente, no conviene en aceptar la empresa que le
recomiendan para levantar las observaciones, muchas veces sin razón, que se
hacen a los expedientes.
Hay
denuncias que ciertos congresistas hasta constituyen empresas a través de
terceros, cuyos representantes se acercan a las autoridades de zonas con
escasos recursos para ofrecerles sus “buenos oficios” en la gestión de
financiamiento y agilización en la transferencia de recursos, a cambio de una
comisión o el compromiso de otorgar la obra a determinada empresa.
En esta
secuela está de moda condicionar el financiamiento de obras a la transferencia
de las unidades ejecutoras. Lo hacen en los ministerios, gobiernos regionales y
hasta en los gobiernos locales provinciales. Con ello aseguran “hacerse cargo”
de la licitación, entrega de la buena pro y contratación de supervisores.
“Te financiamos la obra pero transfiérenos la Unidad Ejecutora”, es la frase
que desconoce competencias y subestima la capacidad de los gobiernos sub
nacionales, aprovechándose de la necesidad de sus autoridades de hacer obras a
favor de sus pueblos.
La
Contraloría sabe que es cosa común. Sin embargo, es “cero a la
izquierda”, mientras la corrupción expresada en chantajes y comisiones, sigue
incidiendo en el incremento de precios de obras de baja calidad, utilización de
“adicionales” y de “laudos arbitrales”. Hay que combatir la corrupción,
pero con tino profesional y apoyo de las autoridades.
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