EN
FALTA. En el 2002, la Contraloría General de la República determinó
la existencia de irregularidades en la gestión del entonces alcalde distrital
de Lunahuaná. Ello derivó, 10 años después, en una acusación fiscal contra el
ahora presidente regional de Lima Provincias por los delitos de peculado y
colusión, entre otros.
La República/Francesca García/ Un cobro irregular a la
empresa Telefónica del Perú que asciende a más de 3 millones de soles,
presuntamente cometido el 2002, último año de gestión como alcalde distrital de
Lunahuaná, coloca hoy al presidente regional de Lima Provincias, Javier
Alvarado, frente a las instancias judiciales.
Acusaciones por los presuntos delitos de
colusión, peculado, falsedad ideológica y malversación de fondos, de probarse,
podrían llevarlo a prisión. Las bases de la acusación nacen de un informe de la
Contraloría General de la República de mayo de 2006. El documento verifica la
existencia de irregularidades en la contratación de la empresa Asesores y
Consultores Reften SAC para ejecutar fiscalizaciones tributarias y
administrativas a empresas que brindaban servicios a la referida sede edil.
Según el documento judicial, la Municipalidad Distrital de Lunahuaná contrató a
Reften SAC de manera directa –incumpliendo la ley de contratación–, la cual, en
el supuesto cumplimiento de su fiscalización, embargó 3 millones 489 mil 21
nuevos soles a la Telefónica por el cobro de multas tributarias y
administrativas, monto del cual la referida empresa recibió –según contrato– el
35%, es decir, 1 millón 221 mil 153 nuevos soles. Del saldo de 2 millones 267
mil 873 que debía ser utilizado, según la Municipalidad de Lunahuaná, en la
ejecución de obras en su jurisdicción, solo fue sustentado un monto de 252 mil
748 nuevos soles y sobre el resto no se remitieron la descripción detallada ni
los informes técnicos que sustenten la ejecución, como lo refiere
posteriormente una investigación de la Dirección Contra la Corrupción de la
Policía Nacional de noviembre del 2010.
Por todo lo anterior, la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Cañete dispuso la formalización y continuación
de la investigación preparatoria contra Javier Alvarado y otros implicados y
actualmente se encuentra en la Corte Superior de Justicia de Cañete.
Según informaciones periodísticas recogidas por
este diario, Alvarado no habría asistido a las citaciones judiciales más de una
vez.
ES SOLO
INTERÉS POLÍTICO
Desde su oficina en la sede regional en la
ciudad de Huacho (capital de la provincia de Huaura), Javier Alvarado atribuye
que las denuncias en su contra son evidencia de la intencionalidad política de
sus adversarios por socavar su gestión al mando de la región. "El tema se
investigó y se archivó el 20 de agosto del 2008. Ahora por el tema coyuntural
político buscan revivir algo que ya fue investigado", sostuvo Alvarado
tras señalar que su defensa ha presentado un documento de excepción de cosa
juzgada ante la instancia que sigue el caso. "La Constitución ampara a que
no se pueden investigar dos veces (por el mismo delito) a las mismas
personas", dijo quien precisó que al presentar la excepción por cosa
juzgada y al mantenerse ante la expectativa de la admisión de la misma no se
puede hablar de un "proceso judicial". Consultado por el porcentaje
de 35% brindado a Reften que según Contraloría escapa del monto estipulado por
ley, sostuvo que en ese momento la "necesidad" de efectuar obras y
contar con mayores recursos los llevó a aceptar los requerimientos de dicha
empresa. "Eso no es un delito fue así que Lunahuaná mejoró", se justificó.
CONTRALORÍA
LO INVOLUCRA EN OTRO ILÍCITO COMO ALCALDE DE CAÑETE
La Contraloría General de la República determinó
en el 2010 la existencia de irregularidades en la administración, utilización y
destino de los recursos de depósitos en la cuenta corriente denominada
"Fondo de Inversiones" (Finver) a cargo de la alcaldía provincial de
Cañete, cuando Javier Alvarado estaba a cargo de la misma, por una suma de 4
millones 5 mil 226 nuevos soles. Como descargo, Alvarado señala que la denuncia
fue efectuada por él luego de que renunciara al cargo provincial para asumir la
presidencia regional. La Contraloría lo determina sospechoso por delito de
abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales,
peculado, entre otros, en agravio de la Municipalidad de Cañete. Alvarado
menciona que dejó el cargo a fines de marzo del 2010 y efectuó la denuncia el 3
de agosto del 2010 contra uno de sus funcionarios.
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