En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de
octubre próximo. Fiscalización de padrones se inicia la próxima semana en cinco
distritos
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciará, la próxima
semana, una exhaustiva fiscalización del padrón electoral de siete distritos
del país, en los que últimamente se detectó alto número de trámites de cambios
domiciliarios, que hacen presumir que se tratan de electores “golondrinos”.
En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de
octubre próximo, la acción fiscalizadora incluirá a un (1) solo distrito de las
siguientes provincias: Ucayali (Loreto), Lima (Lima), Caylloma
(Arequipa), Moyobamba (San Martín), Camaná (Arequipa), Huaytará (Huancavelica)
y San Martín (San Martín).
Para este trabajo de campo en pro de la legalidad de los
padrones, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE
dispuso el desplazamiento de 18 especialistas, quienes tendrán la misión de
comprobar la veracidad y la corrección de las inscripciones electorales de más
de 1,700 ciudadanos tomados como muestra.
Ser un “golondrino” es un delito electoral dado
que atenta contra el derecho de sufragio e induce a error en la formación del
padrón electoral. Según el Código Penal, el elector
“golondrino” podrá ser sentenciado a pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de ocho años de prisión.
Esta normativa tipifica al “golondrino” como aquel que
“realiza cambio de domicilio o induce a realizarlo a una circunscripción
distinta al de su residencia habitual con el propósito de impedir o
alterar el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato u
organización política”.
La tarea de fiscalización del padrón –que es la relación de
ciudadanos aptos para votar– corresponde al JNE no solo en etapa electoral sino
también en etapa no electoral, tomando en cuenta la remisión trimestral que el
Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec) efectúa
de las inscripciones agregadas o eliminadas, a nivel nacional.
Conforme a su ley orgánica, compete al máximo organismo
electoral “fiscalizar la legalidad de la elaboración de los padrones
electorales, luego de su actualización y depuración final previa a cada proceso
electoral”. De esta manera se procura para que el país cuente con un
padrón limpio y confiable, sin fallecidos ni “golondrinos”.
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